Una mal llamada Ley contra el Bloqueo para acabar con la república

Lo que aprobó esa reunión del PSUV, que algunos insisten en llamarle ANC, no es ni puede ser una Ley ya que no lo dictó la Asamblea Nacional

Lo que aprobó esa reunión del PSUV, que algunos insisten en llamarle Asamblea Nacional Constituyente, ese documento que denominan Ley Constitucional contra el Bloqueo, no es ni puede ser una Ley, ya que no lo dictó la Asamblea Nacional, sino un grupo de personas reunidas sin poder jurídico alguno, en todo caso, solo poder fáctico y de fuego. No es Ley cualquier documento que discutan y aprueben unas personas. 

Recuerda el profesor José Araujo-Juárez en su libro “Manual de Derecho Administrativo” que la expresión Ley queda reservada a las normas adoptadas por un determinado órgano (la Asamblea Nacional) en una determinada forma (el procedimiento de creación de Ley establecido en la Constitución). Ya ese solo hecho es suficiente para advertir sobre la nulidad absoluta de ese documento.

 

Pero, hoy me quiero referir al fondo, al contenido, a lo que dice, a lo que pretende regular ese documento. Ese documento contra el bloqueo tiene como objetivo darle al Estado venezolano una serie de herramientas para realizar actuaciones jurídicas, económicas y financieras, para, supuestamente, hacer frente al “bloqueo” y a las sanciones impuestas a personas que son miembros del régimen de Nicolás Maduro.

 

 

Analizar la Ley Antibloqueo

Pero, al leer y analizar ese documento, es muy evidente que la finalidad es otra.

El mencionado documento pretende dar al Estado la capacidad de vender bienes públicos, bienes propiedad del Estado y, por tanto, de todos los venezolanos, sin ningún tipo de control, sin pasar por los necesarios y regulares procedimientos de licitaciones o de concesiones. Se le quiere dar carta blanca al Ejecutivo Nacional para vender nuestros activos al mejor postor, a quién política y estratégicamente le convenga más al régimen (¿conglomerados chinos, rusos, iraníes?) y no al que le beneficie a la Nación.

Eso no es un invento de quien escribe. Lo señalan los artículos 24 y 26 del documento que han denominado Ley algunos pocos:

«El Ejecutivo Nacional podrá proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos utilizados en la práctica internacional, adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano».

El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

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Limitaciones de la Ley Antibloqueo

Pero ello no es suficiente para el régimen: los recursos económicos que se obtengan de estas ventas: “se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”, a tenor del artículo 17 de ese documento. Es decir, el dinero no ingresa al Estado, no llega a las arcas públicas. Vale decir, no se sabe a dónde van a parar los recursos extras que lleguen a Venezuela por la venta de esos activos.

Pero tan grave como eso, es el hecho que ese documento le permite al Ejecutivo Nacional derogar leyes y otras normas, usurpando las funciones propias del Poder Legislativo y Poder Judicial. Así expresamente lo señala el artículo 19:

Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización, o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva.

 

Otra perla del documento

Otra perla de este documento es lo dispuesto en la disposición final, donde puede leerse que, si culminaran los efectos de las sanciones, que con mucha mala fe el régimen llama bloqueo económico, la Ley mantendría su vigencia. Es decir, el Poder Ejecutivo puede vender activos, crear, modificar o extinguir normas de rango legal, prácticamente ser un Poder público absoluto, por siempre, hasta que fuese derogado ese documento.

En fin, este documento, que pretende tener poderes normativos, pretende erigir al Poder Ejecutivo como un único Poder Público, crear un totalitarismo en el sentido estricto del término, por darle un poder total a la Presidencia de la República.

Twitter: @rojasperezm

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