La cátedra de Derecho Constitucional se pronuncia contra el fraude electoral

La cátedra de Derecho Constitucional se pronuncia contra el fraude electoral

El articulista Manuel Rojas Përez comenta las irregularidades para la convocatoria electoral del seis de diciembre

El día de ayer, los profesores de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela hicimos público un documento titulado “Convocatoria elecciones parlamentarias 2020: Estado fallido y sus procesos forajidos”, en el cual, más que en nuestro carácter de docentes universitarios, sino en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, emitimos nuestra opinión con respecto al evento que pretende el régimen de Maduro adelantar para el 6 de diciembre de este año. La postura de la Cátedra de Derecho Constitucional se resume en el siguiente párrafo: “El proceso convocado para el mes de diciembre de este año no puede ser calificado como un evento electoral y solo pretende destruir el último resquicio de legitimidad democrática, refugiado en la Asamblea Nacional. Se trata de un montaje para crear apariencia de legalidad, pero todos y cada uno de sus componentes, fases y mecanismos están viciados y no responden a una fórmula democrática que acredite la manifestación de la voluntad popular”.

 

El documento suscrito por los profesores Tulio Álvarez, Nelson Chitty La Roche, Isabel Cecilia Esté, Oscar Arnal Alberto Blanco-Uribe, Leonel Alfonso Ferrer, Fernando Fernández, Julio César Fernández Toro, Gerardo Fernández, Jesús González Bethencourt, Moisés Enrique Martínez, Jhuan Medina, Andrés Raúl Páez, Iván Paredes Calderón, Manuel Rojas Pérez, Enrique Sánchez Falcón, José Gregorio Silva y Gustavo Tarre Briceño, define algunas soberbias arbitrariedades y violaciones a la Constitución que se han hecho desde el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

 

 Una de esas claras manifestaciones está en la violación del artículo 186 constitucional que establece la fórmula que permite representación de los Estados mediante un mínimo de tres parlamentarios por cada Entidad Federal y aquellos adicionales que resulten de aplicar el cociente electoral, equivalente al 1,1% de la población del país, a la población que tenga cada Estado, y estos criterios han sido inconstitucionalmente modificados por el CNE, mediante una reglamentación absolutamente írrita, aumentando arbitrariamente el número de parlamentarios de 167 a 277.

 

 

Mecanismo artificial

De otra parte, se denuncia que, sin criterio racional, contrariando todo estándar internacional, se estableció un absurdo proceder que crea un mecanismo artificial de voceros y asambleas sin que se active la elección directa y secreta de sus representantes de conformidad con los artículos 5 y 63 constitucionales. Es decir, los diputados indígenas, no serían electos en elecciones libres, secretas y directas, sino a mano alzada, en asambleas que, según la nueva normativa que se ha inventado en CNE sería siguiendo las costumbres ancestrales indígenas, pero que al no tener ninguna formalidad ni reglamentación va a permitir que sean los diputados afectos al madurismo los electos. Esta aberración no solo violenta las normas de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales sino, además, a los derechos de las etnias indígenas.

 

            Otro argumento que destaca la Cátedra de Derecho Constitucional es que “El Consejo Nacional Electoral fue designado con carácter provisorio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sin la intervención del Comité de Postulaciones Electorales del C.N.E. de la Asamblea Nacional, debidamente integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, tal como lo establece el artículo 295 de la Constitución Federal” con lo que “nuevamente se usurpan las atribuciones del Parlamento al que corresponde, por expreso mandato constitucional, la designación originaria de los rectores del C.N.E. con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”.

 

  

Otros puntos

          También se aduce entre otros puntos el ventajismo por el uso exclusivo de los medios de comunicación estatales por parte del régimen para vender su oferta electoral, las evidentes irregularidades que existen con el registro electoral permanente y en especial con la práctica de incluir, excluir o reubicar indebidamente a un número definitorio de electores, la manipulación de las circunscripciones electorales -o gerrymandering– que atenta contra el principio de una persona, un voto, la absoluta opacidad sobre cómo se manejará el sistema automatizado electoral, entre otras, que hace concluir a la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV que: “este proceso convocado por el cuerpo que aparenta ser el C.N.E. no va a ser reconocido por las instancias internacionales o los Estados democráticos porque los vicios del mismo son evidentes y se hace imposible acompañar, asesorar o auditar las fases inexistentes de la etapa pre-electoral, muchos menos se producirá observación internacional”.

 

            Al final, se hace un llamado a la sociedad democrática para que desconozca a las ilegítimas autoridades del C.N.E. y a las normas y procesos por ellas organizados, a la directiva de la Asamblea Nacional a que “defina anticipadamente que el proceso que está dirigido a un simulacro de elección, el 6 de diciembre de 2020, no produce efecto alguno” y, contundentemente, afirman que todos los venezolanos tenemos el deber ciudadano, se esté investidos o no de autoridad, de asumir la defensa, protección y garantía de la Constitución de acuerdo con el artículo 333 de la Carta Fundamental, tal y como lo hace la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV.

 

Twitter: @rojasperezm

Manuel Rojas
Abogado constitucionalista
Públicado: viernes, 28/08/2020 - 09:01 AM
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