Gobierno argentino critica la retención de tripulantes avión venezolano-iraní

La aeronave fue retenida el pasado 6 de junio

El Gobierno argentino cuestionó este jueves que la Justicia siga reteniendo los pasaportes a los tripulantes del avión inmovilizado desde junio en el aeropuerto de Buenos Aires, en el marco de una causa por posibles vínculos de su tripulación (cinco iraníes y catorce venezolanos) con el terrorismo internacional.

«Es un tema que está en manos de la Justicia y sí, nos preocupa que haya ciudadanos detenidos sin que haya una resolución de la Justicia de por qué o cuánto o para qué deben estar detenidos. Sería interesante que la Justicia pueda resolver ese problema lo antes posible», aseguró la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en una rueda de prensa.

El avión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.

Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación, quienes, por lo demás, tienen plena libertad de movimientos, al tiempo que incautó el avión para obtener más datos sobre la nave y qué hacían en Buenos Aires los integrantes del vuelo.

EFE

Testigos

La parte oficialista llamará asimismo como testigos a Francisco Carrasquero López, exvicepresidente del TSJ, jubilado en 2015 por motivos de salud, y al exjuez de esa misma institución Enrique Parody Gallardo.

Abriendo sus argumentos contra las decisiones del TSJ, Fulton destacó las «acusaciones de sistémica falta de independencia» en ese organismo.

Y advirtió que «cualquier sugerencia de que testigos» como Carrasquero y Parody «se sentirían libres de dar un testimonio sincero ante un tribunal inglés es fantasiosa».

Los abogados de Guaidó denuncian que el proceso judicial venezolano que anuló sus nombramientos «no corresponde a la concepción de un juicio justo bajo reglas británicas» porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.

Durante los cuatro días de vistas, deben llamar como testigos a José Ignacio Hernández, exprocurador general especial nombrado por Guaidó, y a su sucesor, Enrique Sánchez Falcón.

También, a Ricardo Villasmil, expresidente de la junta directiva del BCV nombrada por el «presidente encargado», y a Manuel Rodríguez Armesto, que ocupa actualmente ese cargo.

AFP

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