Espírito Santo usó fondos de empresas públicas venezolanas

El grupo utilizó el Banco Espírito Santo para invertir en deudas de varias de sus entidades

El grupo portugués Espírito Santo (GES) utilizó la liquidez depositada en el Banco Espírito Santo (BES) por empresas públicas venezolanas, como Pdvsa, para invertir en deudas de varias de sus entidades, que terminaron por colapsar con toda la organización en 2014.

En el documento visto por EFE, se explica que la relación entre el BES y las empresas públicas venezolanas viene desde 2008, cuando la comisión mixta de gobernantes y empresarios portugueses llegó al país.

Desde aquella visita, el responsable del BES, Ricardo Salgado –acusado de 65 delitos, entre ellos asociación criminal– logró que la estatal petrolera venezolana, que había finiquitado un contrato con la lusa Caixa Geral de Depósitos para que fuera el banco que operara en su relación con la petrolera portuguesa Galps, “canalizara hacia el BES aplicaciones de tesorería de bancos públicos venezolanos”.

Así como también de “empresas públicas subsidiarias de Pdvsa, de empresas ligadas a la electricidad y de fondos de desarrollo local que operaban con ingresos petrolíferos”, indica la Fiscalía portuguesa.

Las principales cuentas de Pdvsa se centralizaron en 2011 en la sede que tenía el BES en Madeira y, “por determinación de Ricardo Salgado”, “tanto el área comercial” de la citada sucursal como el departamento financiero del BES “dirigieron la liquidez de las cuentas de depósitos de empresas públicas venezolanas para inversiones en deuda de entidades del Grupo Espírito Santo”.

Es necesario destacar que este no fue el único negocio alcanzado con compañías venezolanas, al que se vendieron “servicios de crédito documental”.

En el pasado

Entre 2008 y 2014, el BES otorgó “líneas de crédito a Pdvsa, a la subsidiaria de esta que funcionó como central de concentración de bienes y servicios, la Bariven, a la Electricidad de Caracas, al Banco del Tesoro, al Bandes y al Banco Ex”.

La acusación de la Fiscalía de Portugal se emitió el pasado martes contra 18 personas y siete empresas por delitos de corrupción activa y pasiva en el sector privado, falsificación de documentos, infidelidad, manipulación de mercado, blanqueo y estafa cualificada contra derechos patrimoniales de personas singulares y colectivas.

Estos delitos, según el Ministerio Público, produjeron pérdidas por un valor de 11.800 millones de euros.

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