Casetel pidió “apego a las disposiciones legales”

Casetel pidió “apego a las disposiciones legales”

Tres ejecutivos de Directv enfrentan penas de hasta 12 años de ser hallados culpables por estafa, boicot y asociación para delinquir

La Cámara de empresas de servicios de telecomunicaciones (Casetel) abogó este jueves ante los organismos de justicia por el “debido apego a las disposiciones legales” frente a la detención de los tres altos ejecutivos de la empresa Directv.

Héctor Rivero, Gerente general, Rodolfo Carrano, vicepresidente de operaciones y Carlos Villamizar, vicepresidente estratégico fueron despedidos de sus cargos al conocerse el cierre de la compañía, una decisión tomada en Estados Unidos que escapa de las manos de los directivos en Venezuela.

«Abogamos ante los entes de administración de justicia y demás autoridades por el debido apego a las disposiciones legales que correspondan bajo los límites de la ley y con el respeto a los derechos humanos, aplicando las disposiciones en el supuesto a que haya lugar, como trabajadores dependientes que fueron, de la operadora de difusión por suscripción».

Casetel ratificó su posición a través del comunicado por el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho como marco para el desarrollo de las actividades productivas, en este caso las telecomunicaciones.

Asimismo agregaron que las personas que laboran en este sector son las que han hecho posible los servicios de telefonía, tv por suscripción, acceso a internet y transporte de datos.

"Sorprendente e inexplicable"

“Es sorprendente e inexplicable que los exejecutivos de DIRECTV Venezuela fueran arrestados, ya que no estuvieron involucrados en la decisión de cerrar las operaciones de la compañía en el país. Por el contrario, esta decisión fue tomada por los ejecutivos de AT&T en Estados Unidos, sin el conocimiento o la participación de estas personas o cualquier otro exempleado venezolano”.

Lori Lee, presidenta ejecutiva de AT&T América Latina.

Rivero, Carrano y Villamizar son acusados por el Tribunal Supremo de Justicia de “estafa, boicot y asociación para delinquir”, por los que de ser hallados culpables, tendrían penas de hasta 12 años de cárcel. 

Luis Herrera Guerra
Periodista
Públicado: jueves, 11/06/2020 - 03:13 PM
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