Arco Minero del Orinoco, el foco del informe de Bachelet

Los mineros que desean trabajar en el AMO deben pagar para ejercer en la zona

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, anunció la actualización del informe sobre la violación de los derechos económicos, sociales y humanos en Venezuela. No obstante, en esta ocasión su foco fue la explotación y el control criminal del Arco Minero del Orinoco (AMO).

De este modo, también se evidenció la violencia y abuso a la justicia en el país; un punto que no es independiente del Estado y es cómplice de la violación de derechos en el país.

🇻🇪 UN Deputy High Commissioner @NadaNashif presented to #HRC44 the report on the independence of the justice system, access to justice and the human rights situation in the #ArcoMinero del Orinoco region in #Venezuela.

Learn more: https://t.co/2llyX7cEnh pic.twitter.com/UzVuZBIcgK

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 15, 2020

Informe

Independencia del sistema de justicia

En este punto la Acnudh identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, especialmente en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación y la presión política sobre ello. «Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de los jueces por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)».

Según entrevistados indicaron que al menos en los casos de relevancia política, los jueces aguardan a recibir información de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a represalias. Además de esto, se registró que el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares estadounidenses.

Acceso a la justicia

En esta parte, la organización indicó que las víctimas de violaciones de los DD.HH se ven confrontadas por barreras jurídicas para acceder a la justicia, las mujeres, en particular, por motivos de género. Asimismo, entre agosto de 2017 y noviembre de 2019 comenzaron investigaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos por 766 miembros de los sistemas de seguridad.

Ante esto, los entrevistados señalaron que quienes trabajan en el sistema judicial son o incapaces de tramitar los casos de asesinatos o cualquier delito y realizar un seguimiento de los mismos, o simplemente no están dispuestos a hacerlos.

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Torturas a los detenidos y falsificación de certificados de salud

En el reporte se informó sobre denuncias que las personas que se encontraban detenidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron sometidas a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales.

También que  estuvieron expuestos a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposados con ojos vendados  mientras amenazan de muerte a sus familiares. No obstante, para que todo esto pase por debajo la mesa, los médicos quienes realizan sus informes de salud sobre los detenidos emiten certificados falsos o inexactos en los que no se figuran signos de tortura.

Maduro declaró que en 2019, el Ministerio Público recibió 32.530 denuncias por actos de violencia contra la mujer pero no aporto conclusiones de su examen

Acnudh recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curacao. En junio de 2019 y el 20 de febrero de 2020, varios familiares de personas desaparecidas así lo denunciaron ante el Ministerio Público. Las investigaciones para dar con su paradero y descubrir la presunta existencia de redes de trata han avanzado poco.

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ARCO MINERO DEL ORINOCO

Dentro de esta sección el Acnudh comprobó los actos de violencia, control, explotación laboral y sexual, prostitución (organizada), asesinatos y desapariciones que se desarrollan en el sur del país en el marco del «Arco Minero del Orinoco» a manos de grupos armados que mantienen alianzas con jefes militares.

Siguiendo las líneas, la información sin datos ecológicos por parte del ministerio de Maduro, han dejado evidencia que la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está siendo controlada por grupos delictivos organizados, que son conocidos en la zona como «sindicatos».

#Venezuela: People working in the #ArcoMinero del Orinoco region are caught up in a context of labour exploitation and high levels of violence by criminal groups that control the mines in the area, including who enters & who leaves – 🆕 report. Learn more: https://t.co/20ySk8b213 pic.twitter.com/YI1PGKoZhA

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 15, 2020

Los mineros deben pagar por trabajar y comer en el AMO

Es importante mencionar que mineros informaron que las excavaciones de grandes cráteres en la superficie terrestre lo hacen sin ninguna protección, incluso descalzos, se organizan en cuadrillas de cuatro o cinco hombres y al nombrar los accidentes habituales, comentaron sobre el deslizamiento de tierra que sepultó vivos a otros compañeros.

A su vez, para poder trabajar en las minas, se les exige un pago entre 10 y 20% del mineral extraído a los grupos criminales y alrededor de 15 y 30% al propietario del molino. Todo esto sin contar la comida y el agua de la zona.

Algunos entrevistados informaron que quienes no acatan las reglas impuestas por las bandas del sector son objeto de castigos corporales, un ejemplo de ello, un minero que fue golpeado por robar un cilindro de gas, a otro le dispararon ambas manos por robar un gramo de oro, una mujer apaleada por robar un teléfono y a otro le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro; y cualquier otra sanción puede ser el asesinato.

Pueblos indígenas son los principales afectados por la minería del AMO

Con respecto a los pueblos indígenas el Arco Minero afecta a los territorios tradicionales de 16 grupos que viven principalmente en 197comuniddes en esa zona geográfica.

«La expansión de la minería desde el establecimiento el Arco Minero en 2016 ha afectado las vidas y medios de vida de pueblos indígenas, dentro del Arco Minero y más allá, principalmente debido a la presencia de actores armados y los impactos ambientales»

Informe Acnudh

Enfrentamientos con indígenas

Aquí, se agregó el caso del 22 de noviembre de la comunidad Pemón cuando una banda criminal atacó a fuego a la sociedad Ikabaru en el estado Bolívar provocando la muerte de ocho personas. También cuando el 6 de mayo de 2020 fueron emboscados los indígenas en la mina “La Puerta”,  se dio el asesinato al Wayuu y secuestraron a un Ye’kwana.

Tomando esto en cuenta, los líderes tradicionales de la población expresaron su preocupación por la resolución del 8 de abril de 2020 cuando el Estado permitiera la explotación minera en los espacios fluviales de seis ríos; no es más que aceptar de formar legal lo que ya venía sucediendo.

Esto, informan los líderes, que «es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios».

Arco Minero del Orinoco, el foco del informe de Bachelet

«Hago un llamado al gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos »

Michelle Bachelet

Al respecto, el Acnudh identificó que los esfuerzos del Estado han sido insuficientes en lo que atañe a la actividad minera del AMO, dado a que existe un patrón de explotación laboral en los mineros y en la zona, incluyendo a infantes, trata de personas y prostitución forzada por parte de grupos armados

A la lista se agrega que el Arco Minero del Orino y la expansión de la actividad minera ha afectado considerablemente la derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación  y sus derechos con respecto a su territorios y recursos.

Algunas recomendaciones de parte del organismo internacional

Informe de Bachelet

  • Independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y Eficacia en las reformas del Poder Judicial, incluyendo a los jueces y fiscales.
  • Fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares
  • Investigaciones a violación de los DD.HH en cuando a las detenciones, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y de género que involucren a las fuerzas de seguridad.

Revoque de la Resolución 0010 relativa a la minería de ríos

  • Toda actividad minera se lleve a cabo dentro de las normas y estándares de DD.HH, los estudios de impacto socio-cultural y ambiental; con ello, buscar el desmantelamiento de las bandas criminales en el AMO y zonas aledañas.
  • Informar estudios sobre el Arco Minero del Orinoco en cuando al impacto ambiental, social, violencia, homicidios y datos socioeconómicos.
  • Asegurar que los pueblos indígenas puedan disfrutar de su derecho colectivo en sus territorios e implementarlos en cualquier decisión o actividad que pueda afectarles.

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